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“Me da miedo trabajar”

Los beneficios gubernamentales para familias con retos económicos han disminuido. El IDJ retrata sus inquietudes en un nuevo informe que presenta soluciones.


Sarah Vázquez Pérez, directora ejecutiva del IDJ, modera el panel de discusión tras la presentación del informe Entre la espada y la pared sobre barreras al empleo y movilidad económica en Puerto Rico.
Tras la presentación del informe, la directora ejecutiva del IDJ Sarah Vázquez moderó un panel en el que participaron: la doctora Enid Rosario, asociada de investigación del IDJ; Estela Reyes, directora de Abogacía del IDJ; Ciení Rodríguez Troche, exsecretaria del Departamento de la Familia y colaboradora del Centro CRECE; y Rossana Torres Pizarro, presidenta del Centro para una Nueva Economía (CNE).

Expresión 1:

“Me da miedo trabajar”. 


Expresión 2:

“Si decido no trabajar nunca voy a lograr la meta… siento que me voy a atrasar en metas porque mientras no trabaje voy a tener los beneficios, pero esos beneficios me van a mantener aquí en este nivel. No voy a poder progresar”.


Expresión 3:

“Todos (los programas) son importantes, pero si nos ayudaran a trabajar sin quitarnos todo, uno podría salir adelante”.


Estas son las impresiones de algunas madres participantes en el ciclo de grupos focales realizados por el Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ) como parte de su informe, “Entre la espada y la pared: la caída abrupta de beneficios del gobierno y la movilidad económica de las familias en Puerto Rico”, presentado el 6 de mayo en el Teatro de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana. La investigación fue realizada por las doctoras, María E. Enchautegui Román y Enid M. Rosario Ramos, Caridad A. Arroyo Quijano y Vallerie Blakely Vallecillo.


Esta cifra te da una idea inicial del escenario: entre las familias con menores, con ingresos de hasta $35,000 anuales y con encargados de hasta 59 años, el 20% participa de tres o más programas de asistencia gubernamental.


Las barreras estructurales que enfrentan las personas que aspiran a completar su movilidad social en Puerto Rico no son pocas. Sin respaldo, encuentran encrucijadas cómo perder beneficios del Programa de Alimentación Nutricional (PAN), del Plan Vital, Medicaid o aumentos de renta casi equivalentes al sueldo devengado, entre otros, si ingresan en la fuerza laboral o reciben mejores remuneraciones económicas en sus puestos de trabajo. Si ganas $10.50 la hora, probablemente no podrás cumplir con tus obligaciones económicas. 


Ciení Rodríguez Troche, exsecretaria del Departamento de la Familia de Puerto Rico, habla sobre la necesidad de integración real entre agencias para atender las barreras al empleo de familias con bajos ingresos.
La exsecretaria de la Familia, Ciení Rodríguez, expuso desde su experiencia la importancia de que más allá de hablar de servicios integrados, verdaderamente se logre la interacción entre las agencias correspondientes.

“Ese es el dilema que enfrentan demasiadas familias en Puerto Rico: querer progresar, pero vivir con el miedo constante de perder la estabilidad que conocen y que hoy sostiene a sus hijos e hijas. Pero cuando el sistema castiga pequeños avances, el riesgo no se siente como progreso, se siente como caída”, opina Sarah Vázquez Pérez, directora del IDJ, única organización sin fines de lucro no partidista que aboga por políticas públicas a nivel federal y local que fortalezcan la seguridad económica de las familias con niños y niñas jóvenes de Puerto Rico.


La líder destacó que “cuando una familia no pude avanzar con seguridad, no solo se limita su presente, también se condiciona su futuro”.


Con los datos del informe buscan dirigir “la conversación y la acción hacia una pregunta urgente: ¿cómo diseñamos un sistema que realmente apoye a las familias de ingresos bajos”. 


Las entrevistas en este estudio también incluyeron a personal del Programa de Asistencia Nutricional (PAN); del Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés); de Vivienda Pública; y Medicaid-Plan Vital.


EN DEFENSA DEL HOGAR SEGURO


Una prestadora de servicios puntualizó la mayor preocupación entre los participantes que atiende. “Es vivienda, siempre va a ser vivienda. Como uno dice, el plato de comida siempre aparece, pero yo no me puedo ir debajo del puente con mis hijos porque me los van a quitar; ese techo seguro tiene que existir”, explicó.


La situación ideal para estas familias brindaría acceso a educación, desarrollo laboral, navegación de beneficios y emprendimiento familiar, pero lo que en los últimos años han encontrado en la isla es otra cosa, según consigna el informe del IDJ. Las reglas de elegibilidad de los programas confirman que hay una caída abrupta de beneficios, aunque su intensidad varía por programa. Los cambios tiene un efecto disuasivo sobre el trabajo formal.


“Pero si vamos a penalizar a la persona porque trabaje, pues lo que van a hacer es no trabajar”, dijo una de las entrevistadas.


“Yo trabajo, yo genero, yo pago mis utilidades que están carísimas… si yo suelto todos los beneficios… tengo que contar con al menos 300 dólares mínimo… Entonces uno trabaja y genera y a uno se le hace imposible”, agregó otra.


Durante la investigación se contempló además la mentalidad de familias que, por generaciones, han dependido del gobierno. El personal de las agencias entrevistado atribuye el continuo uso de beneficios “al binomio cultura-sistema”. Se habla de una “participación heredada”. “Si abuela recibía el beneficio, pues mamá veía que abuela lo recibía, pues ella también lo recibía y así los nietos”, pone como ejemplo una prestadora de servicios.


De otra parte, las participantes subrayan durante las conversaciones que el gobierno se beneficia de mantenerlas en ayudas porque así arriban más fondos federales para Puerto Rico.


Público asistente al evento de presentación del informe Entre la espada y la pared del IDJ en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, durante la sesión de preguntas que cerró el encuentro.
El encuentro culminó con preguntas del público y una invitación abierta a las agencias, al tercer sector y al país a integrar este conocimiento y generar no solo cambios sistémicos, sino transformaciones culturales.

En el informe se destaca que “reconocer las fallas sistémicas que limitan la movilidad económica de las familias abre una ventana de oportunidad para introducir ajustes programáticos orientados a mejorar la situación de las familias”.


Entre los ajustes administrativos inmediatos que recomienda el estudio figura la transparencia en la información sobre elegibilidad y orientación obligatoria; mejorar el servicio al cliente; y optimizar programas existentes. 


Al contemplar ajustes de diseño programático se incluyen, entre otras, establecer periodos de gracia por inserción laboral y transiciones escalonadas en los programas. Una de las medidas fiscales y sistémicas presentadas incluye adoptar el modelo bigeneracional como estándar en todas las agencias que atienden familias y niños.


Más allá de ajustes técnicos, el análisis subraya la necesidad de un enfoque centrado en las familias, que reconozca la complejidad de sus decisiones económicas y permita que el trabajo funcione como un camino real hacia la estabilidad.


“Este informe demuestra que reformas en el diseño de los programas, cambios en la forma en que se sirven a los clientes y asignaciones de fondos pueden cambiar la trayectoria de vida de las familias y mover la aguja en la reducción de la pobreza”, proponen las autoras en sus consideraciones finales.

Algunas recomendaciones “se pueden implantar ahora”. “Otras requieren tiempo. Todas requieren compromiso y voluntad política”, insisten.



Fotos / Javier del Valle



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