Aún en tiempos de pandemia y cuarentena, las organizaciones sin fines de lucro han ideado maneras de brindar sus servicios a los más vulnerables del país, respetando el distanciamiento social. Ahora solicitan respuestas del gobierno ante la situación de emergencia.

Por Redacción Oenegé

En las situaciones difíciles que ha enfrentado el país en los últimos años, desde el paso del huracán María hasta los terremotos del pasado mes de enero, el tercer sector ha sido un centro de respuesta rápida para atender las necesidades de la sociedad. En esta ocasión, cuando azota una emergencia de salud nacional, no ha sido la excepción.

A raíz de la pandemia del COVID-19, una vez más las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) sirven en la primera línea de trabajo dando la batalla en las comunidades, al igual que lo hacen los profesionales de la salud en las instituciones hospitalarias del país.

En su mayoría, las más de 140 entidades que integran el Movimiento Una Sola Voz (MUSV) se han mantenido trabajando, haciendo uso de las herramientas tecnológicas a su alcance, atendiendo las necesidades de diversos sectores de la población sin violentar la Orden Ejecutiva que decreta el distanciamiento social y el toque de queda.

Para Ana Yris Guzmán Torres, presidenta de la Junta de Directores del MUSV y presidenta ejecutiva de Nuestra Escuela, aunque el país está siendo sacudido por una situación sanitaria sin precedentes y las personas están dentro de sus hogares, los servicios que ofrecen las organizaciones sin fines de lucro siguen siendo igual o más relevantes.

“Nuestras organizaciones sirven y acompañan a miles de personas en el país que requieren de nuestra gestión y solidaridad, así sea de forma virtual. Por eso, es preciso y urgente que el gobierno se convierta en un facilitador para que los servicios que ofrecemos desde el tercer sector continúen brindándose, por el bien de nuestra gente. Una sola instrucción de la Gobernadora puede lograr que las organizaciones cuenten con la garantía del cumplimiento de las obligaciones contractuales”, afirmó.

La operación de muchas organizaciones sin fines de lucro es subsidiada por el Estado mediante asignaciones y donativos legislativos que ya han sido aprobados, aunque no todos han sido desembolsados. Esa situación levanta preocupación de cómo garantizar sus servicios, considerando que no se ha emitido una directriz al respecto.

“Una sola instrucción de la Gobernadora puede lograr que las organizaciones cuenten con la garantía del cumplimiento de las obligaciones contractuales”.

Según Marcos Santana Andújar, copresidente del MUSV y director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud, apremia, además, que los sectores público y privado establezcan medidas con un enfoque integral y conforme a los Derechos Humanos para proteger y acompañar a la niñez, las mujeres, las familias y comunidades.

“En el contexto de esta emergencia, se agudizan las necesidades de las poblaciones a las que prestamos servicios y por eso es importante que nos integren en la respuesta gubernamental”, aseveró.

Con Guzmán Torres y Santana Andújar coincide Ángela Díaz, directora Ejecutiva del Consejo Renal de Puerto Rico, entidad que atiende a una de las poblaciones más vulnerables en una crisis de salud pública, los pacientes renales.

“Hace varias semanas activamos nuestra Coalición de Manejo de Emergencias Renales y estamos operando 24/7 en la preparación, mitigación y respuesta a la emergencia, incluyendo protocolos y gestiones a implementar para salvaguardar la vida de nuestros pacientes, especialmente los de diálisis”, manifestó.

VITAL LA ACCIÓN COMUNITARIA

Ausente del diseño gubernamental de contención de este virus está la acción comunitaria, la que, según Nelson Colón, presidente ejecutivo de Fundación Comunitaria de Puerto Rico, es la zapata que apoya las conductas individuales.

“El contagio comunitario requiere de la acción comunitaria para contenerlo. Se activó el gobierno estatal y municipal; el sector comercial y financiero; pero está ausente del plan gubernamental la inserción del tercer sector”, expresó Colón, quien ilustra el valor de las organizaciones sin fines de lucro en el manejo de esta crisis con el ejemplo de las actividades que realiza la comunidad Arenas, en Guánica.

Por su parte, Laura López Torres, directora ejecutiva de la Fundación Ángel Ramos, indicó que es necesario que líderes de las organizaciones del tercer sector puedan ser partícipes activos en la discusión y las decisiones del gobierno sobre política pública para afrontar esta crisis de salud.

“El tercer sector debe ser incluido en los planes de incentivos económicos para garantizar la prestación de servicios esenciales a las poblaciones más frágiles, con un alto riesgo al contagio. El sector filantrópico es un aliado, pero al gobierno le corresponde reconocer que invertir en su trabajo es invertir en el bienestar del país”, sentenció.

Así opinó también Beatriz Polhamus, directora ejecutiva de Fundación Banco Popular.

“Somos testigos de la efectividad de las organizaciones sin fines de lucro en atender las necesidades de los sectores más vulnerables y en desventaja. Su trabajo es aún más necesario durante tiempos de crisis. Es imperativo que se asegure la continuidad de sus servicios. Agradecemos los esfuerzos que pueda hacer el gobierno para proveer claridad en cuanto al pago por servicios prestados durante la crisis y sugerimos que se incluya a las organizaciones sin fines de lucro en toda estrategia de respuesta y recuperación”, acotó Polhamus.

“Ante nuestra nueva realidad, es esencial que las organizaciones sin fines de lucro sigan operando. Desde el sector filantrópico continuamos invirtiendo e implementando nuevas maneras de apoyarlas. Es vital que el gobierno continúe con el apoyo financiero acordado para que las comunidades reciban los servicios que tanto necesitan”, concluyó, por su parte, la directora ejecutiva de Filantropía Puerto Rico, Glenisse Pagán.

 

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